La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal en España que permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden hacerles frente. En 2025 se mantiene como una de las herramientas más utilizadas para salir de situaciones de sobreendeudamiento, especialmente en casos relacionados con tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos rápidos, microcréditos y deudas acumuladas por la actividad económica de autónomos. Su objetivo principal es ofrecer una vía real para empezar de nuevo, evitando que una mala racha económica condene a una persona de por vida.

Para acogerse a esta ley es necesario cumplir algunos requisitos básicos: encontrarse en una situación de insolvencia real, actuar de buena fe, no haber utilizado este mecanismo en los últimos 10 años y no haber sido condenado por delitos económicos. También es indispensable demostrar que no se puede hacer frente a los pagos de manera regular, algo que suele acreditarse mediante extractos bancarios, niveles de ingreso, deudas acumuladas y la situación laboral o empresarial del solicitante. Gracias a las reformas del Texto Refundido de la Ley Concursal, el proceso es más accesible, rápido y flexible que en años anteriores.

La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar distintos tipos de deudas, entre ellas préstamos personales, tarjetas y créditos revolving, microcréditos, deudas con proveedores y parte de las deudas con las administraciones públicas. En concreto, se pueden exonerar hasta 20.000 euros entre Hacienda y Seguridad Social (10.000 € con cada una), mientras que el resto puede negociarse o entrar en un plan de pagos. Sin embargo, hay deudas que no pueden eliminarse, como las pensiones de alimentos o las multas derivadas de delitos.

El funcionamiento del proceso es relativamente sencillo. Todo comienza con la declaración de insolvencia y la presentación de la solicitud ante el juzgado. Una vez iniciado, existen dos caminos posibles: conservar los bienes mediante un plan de pagos o recurrir a la liquidación del patrimonio disponible. En el caso del plan de pagos, el deudor puede mantener su vivienda y bienes esenciales mientras cumple un plan razonable fijado por el juez durante un período de entre 3 y 5 años. Si opta por la liquidación, se venden los bienes que puedan servir para pagar parte de la deuda, y el resto se exonera. Tras completar cualquiera de estos procesos, el juez puede dictar la exoneración total o parcial, lo que implica que la persona queda legalmente liberada de las deudas afectadas.

El tiempo total del procedimiento suele oscilar entre 6 y 12 meses, dependiendo del tipo de vía elegida y la complejidad del caso. Aunque pueda parecer un proceso serio y formal, para la mayoría de personas representa un alivio significativo: deja de haber llamadas de recobro, se detienen los embargos y la persona puede volver a construir su estabilidad financiera con tranquilidad. La Ley de Segunda Oportunidad no solo ofrece una solución jurídica, sino también una salida emocional y práctica para quienes han llegado a un punto de no retorno con sus deudas.

En definitiva, la Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una alternativa eficaz y totalmente legal para quienes necesitan liberarse de sus deudas y recuperar el control de su vida económica. En un contexto donde la inestabilidad financiera se ha vuelto común, esta ley se presenta como una herramienta de respiro y como la mejor opción para quienes no ven otra salida.